El relator sobre Derecho a la Educación de la ONU, Vernor Muñoz, pidió acatar la ley internacional que prevé que los gobiernos destinen 8% del PIB a los procesos educativos
El relator especial sobre Derecho a la Educación de la ONU, Vernor Muñoz, recomendó a México eliminar las cuotas voluntarias que otorgan padres de familia a las escuelas y aumentar de forma gradual el presupuesto a la educación.

En conferencia de prensa, el diplomático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró que estas aportaciones, que pueden variar en monto y especie, afectan con mayor crudeza a las familias más pobres de la República Mexicana.

Durante su último día de visita oficial a México, el diplomático costarricense indicó que es necesario que el gobierno federal acate lo establecido en la Ley General de Educación.

Este ordenamiento de carácter internacional prevé que los gobiernos destinen ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a los procesos educativos.

Muñoz Villalobos precisó que la administración mexicana puede aumentar en 0.5 por ciento el presupuesto anual que destina a la educación, a fin de lograr cumplir esta normatividad.

Tras una minuciosa reseña de la información obtenida durante 11 días que duró su visita a México y de hacer observaciones preliminares a las que hará en su informe de mediados de año, calificó como profundamente compleja la gestión educativa en el país.

Indicó que esto se debe a las distintas obligaciones federales y estatales, por el proceso de descentralización de los servicios educativos, aún en marcha, pero sobre todo por la 'simbiosis atípica' del SNTE con la Secretaría de Educación Pública (SEP) . El enviado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que esta relación, que tiene origen histórico, es una especie de subordinación mutua que puede resultar, por momentos en la colaboración u obstrucción del sindicato hacia la dependencia.

Sin embargo, el relator de la ONU precisó que desde las entidades de la República Mexicana siempre las exigencias y el 'ajusticiamiento' relacionados con el derecho a la educación se hacen a la SEP y no al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) . A esa complejidad orgánica de la administración educativa en México se le agregan las asimetrías estructurales propias de Latinoamérica, como las desigualdades de zonas urbanas y rurales, así como entre escuelas privadas y públicas.

México enfrenta grandes desafíos en materia educativa, como el rezago que afecta a casi 34 millones de mexicanos, la deserción escolar, la falta de oportunidades para los jóvenes que ha generado que a siete millones de ellos se les considere 'ninis', pues ni estudian ni trabajan.

Consideró que si bien existen esfuerzos loables en esta materia como las becas a los jóvenes, estos son insuficientes pues se ha centrado la política educativa a la cobertura en primaria, que es de 98 por ciento, cuando el promedio de éxito escolar es de 8.5 años.

Vernor Villalobos indicó que esta situación se agrava en el caso de las poblaciones indígenas, a quienes se les discrimina en la educación, pues la alfabetización o la educación que se lleva a sus comunidades es a través de promotores educativos y no profesionales de la educación.

'La conclusión preliminar después de realizar esta misión es que las exclusiones de las oportunidades educativas en México tienen destinatarios muy precisos, poblaciones marginadas, que se resume en una frase: las poblaciones pobres reciben una educación pobre', dijo.